Trump quiere que los centros de datos oculten su contaminación

Mientras los centros de datos de inteligencia artificial generan cada vez más rechazo en comunidades vecinas, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está a punto de hacer algo que podría cambiar las reglas del juego: eliminar las regulaciones que permiten a los ciudadanos enterarse y opinar sobre la contaminación que generan estas instalaciones. Una decisión que suma a las crecientes preocupaciones sobre el costo ambiental de la IA.

¿Qué pasó?

La EPA de la administración Trump planea derogar una norma federal que requiere notificación pública y la posibilidad de comentar cuando ciertos sitios industriales —incluidos los centros de datos— se instalan o expanden en un área. Básicamente, esto significaría que las empresas tecnológicas podrían construir y operar mega centros de datos sin que las comunidades afectadas tengan oportunidad de participar en el proceso de aprobación ambiental.

Esta medida llega en un momento crítico. Los centros de datos consumen enormes cantidades de agua para enfriamiento, generan contaminación del aire, aumentan el tráfico vehicular y elevan significativamente los costos de servicios e infraestructura local. En estados como Virginia, Iowa y Texas, ya hay resistencia comunitaria activa contra nuevos proyectos. Eliminar las protecciones de transparencia básicamente silenciaría a esos críticos.

El cambio se alinea con la agenda de reducir regulaciones ambientales de la administración actual, pero genera alarmas entre ambientalistas, expertos en salud pública y muchas autoridades locales que ven en estas reglas un mecanismo esencial de democracia participativa.

¿Por qué importa en Argentina y América Latina?

Aunque esta decisión es de la EPA estadounidense, tiene implicaciones indirectas significativas para la región. Argentina, Brasil, Chile y otros países latinoamericanos están atrayendo inversión en infraestructura de IA y centros de datos, buscando posicionarse como hubs tecnológicos. Si los estándares de transparencia ambiental estadounidenses se debilitan, es probable que empresas tecnológicas presionen a gobiernos locales para adoptar regulaciones similares o más laxas en nuestros países.

En Argentina específicamente, donde la crisis económica genera presión por atraer inversión extranjera, existe el riesgo de que se relativicen protecciones ambientales a cambio de promesas de empleo y divisas. Sin marcos robustos de participación ciudadana, comunidades rurales o periurbanas donde se instalarían centros de datos podrían verse perjudicadas sin derecho a voz en la decisión.

¿Qué se recomienda?

• Gobiernos de la región: Fortalecer —no debilitar— las regulaciones de transparencia ambiental antes de firmar acuerdos con empresas tecnológicas. La sostenibilidad debe ser condición, no negociable.
• Sociedad civil: Organizarse y exigir participación pública en evaluaciones ambientales. La experiencia estadounidense muestra que sin presión ciudadana, la regulación se erosiona.
• Empresas tech: Asumir responsabilidad ambiental más allá de lo legal. Centros de datos verdaderamente sostenibles son posibles con energías renovables, reciclaje de agua y diálogo comunitario.
• Ciudadanos: Informarse sobre dónde van a construirse infraestructuras tecnológicas en sus zonas y participar activamente en consultas públicas.

Fuente: The Verge AI